VICENTE BELLO/ TREN PARLAMENTARIO

México  .- El más importante proceso legislativo que el Congreso mexicano pretende sacar en este periodo ordinario de sesiones es el de la construcción de la Ley de Seguridad Interior. Y en eso están, ahora precisamente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.

Los diputados están sobre la iniciativa que en diciembre reciente les dejó en comisiones César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados del PRI. Y los senadores, en tanto, fraguan la iniciativa que, desde hace dos años y medio, les presentó Roberto Gil Zuarth, prominente diputado del PAN.

Esencialmente son la misma cosa. Las dos iniciativas proponen sin ambages otorgar al ejército y a la marina el poder jurídico de desempeñarse a sus anchas y sin consecuencias legales cuando se pasasen de listos, cosa que sin lugar a dudas ya ha estado sucediendo desde que Felipe Calderón los sacó de sus cuarteles, con el pretexto de hacerle la guerra al crimen organizado.

Un soldado no piensa; actúa. Y actúa con fuerza demoledora, sin que mida consecuencias ni piense en los derechos humanos de los demás. Contrario a los policías, que son civiles y con civiles se entienden, los militares miran como enemigos a quienes van a detener, y así los tratan.

Por eso cuando Calderón sacó a soldados y marinos a las calles para combatir supuestamente al narcotráfico, gente de las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, de la oposición y de las universidades salieron al paso del gobierno a criticar tamaña decisión.

¿Estaba consciente, en sus cabales, Felipe Calderón Hinojosa cuando decidió echar mano de las fuerzas armadas para combatir a los criminales?, es la pregunta que muchos se siguen haciendo, a pesar de que el entonces presidente de México justificó diciendo que las instituciones policíacas del país estaban ya totalmente rebasadas.

Quienes criticaron a Calderón plantearon que el motivo verdadero para echar a caminar la maquinaria militar por las calles, pueblos, veredas y ciudades del país, fue su necesidad imperiosa de legitimar una Presidencia de la República absolutamente cuestionada: el partido en el poder –el PAN- y el entonces presidente Vicente Fox se acababan de robar literalmente la elección presidencial, con la complicidad y ayuda del PRI, a cambio de que a éste le entregara la presidencia seis años después; como sucedió.

Ahora quienes critican la medida sostenida por Enrique Peña Nieto, de mantener a soldados y marinos en las calles, sostienen que el pretexto es el mismo: combatir al crimen organizado; pero detrás de ello está la pretensión de inhibir con las fuerzas armadas la manifestación social.

Una pretensión que se adivinó desde que llegó Peña, en diciembre de 2012, cuando en vez de regresar a los “guachos” a los cuarteles, dio continuidad a aquella política de seguridad pública de Calderón afincada en el ejército y la marina.

Se hablaba entonces de que el régimen iba a poner a prueba a la población con reformas terribles y totalmente contrarias al interés nacional, como la reforma energética, como la reforma de telecomunicaciones, como la reforma educativa y la reforma fiscal.

Y así ocurrieron las cosas: desde entonces hay una gran inconformidad social contra el gobierno de Peña Nieto, agravada ahora por los efectos nocivos de las reformas aquellas, y  aderezadas con la corrupción exponencial a cuya cabeza se ha puesto el mismo presidente de la República.

Organizaciones civiles de dentro y fuera del país, opositores y académicos han comenzado a considerar a la actual administración federal como la más ladrona y corrupta de todas las administraciones desde que existe el PRI. E inepta. Inauditamente, en lo que va de este sexenio, la deuda pública se disparó de los 5 billones a los casi 10 billones de pesos, cuyo costo de su servicio (pago de intereses anual) alcanzó ya la cantidad en 2017 de los 650 mil millones de pesos.

De que hay un gran malestar social en México, lo hay. Y mucho. La gente quiere movilizarse, mediante marchas, manifestaciones, mítines; pero el gobierno de Peña ha echado mano del viejo y perverso recurso del fascismo para controlar a la población: el miedo, el terror.

Ocurrió ahora que el precio de las gasolinas subieron con una saña tan inédita como histórica (el viernes pasado bajaron dos centavos y ayer, lunes, otro centavo, lo que es una verdadera patada en los güevos para la población. Una burla de lo más infame).

Peña Nieto nada bueno ha hecho para contener el tremendo malestar de la población. Al contrario, ha tomado previsiones para cuando la población se encabronase todavía más y se ponga a reclamar airadamente al gobierno: ha empoderado al ejército y la marina comprándoles más armamento, con el pretexto de que combate a los criminales. Pero sus actos de fuerza los hace públicos de tal manera que tienen la pretensión de inhibir a la expresión social.

Ya lo hacen en la práctica, soldados y marinos; pero ahora el gobierno pretende cerrar la pinza con la nueva Ley de Seguridad Interior.

Con ayuda de diputados y senadores del Pri, Pan, Pvem, Panal y Pes, ahora Peña Nieto va en pos de construir una realidad jurídica totalmente a modo para que soldados y marinos repriman sin tener que ir a juicio.

Lo grave es que podrían, a partir de esta ley, multiplicarse a lo largo de todo el país eventos sanguinarios como los que ocurrieron en Tlatlaya, Iguala, Tanhuato. Y hasta el regreso temido de hechos infaustos de México como el del 2 de octubre de 1968 y el del 10 de junio de 1971.

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